| Desde las organizaciones de la sociedad civil que impulsamos la necesidad de un tratado vinculante sobre los derechos de acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental, ante la situación generalizada de violencia y violaciones de derechos humanos que vive México y la región, consideramos que es un paso adelante que el Estado mexicano haya mostrado la voluntad de ratificar el Acuerdo de Escazú. Se recuerda que desde 2006, en México se han identificado 879 conflictos socioambientales que están vinculados en su mayoría a la actividad minera, la extracción de hidrocarburos y proyectos hidroeléctricos[1]. En estos conflictos la violencia ha sido una constante contra las personas, colectividades y comunidades con el objetivo de obstaculizar el derecho a defender derechos humanos, específicamente el medio ambiente, que muchas veces se ve amenazado por la implementación de proyectos de desarrollo e infraestructura en el marco de un modelo de desarrollo hegemónico sin una perspectiva de derechos humanos ni sustentable. De 2012 a 2019 se han registrado 499 ataques contra quienes defienden el medio ambiente en México. En el 2019 se registraron 39 ataques de los cuales casi un tercio fueron homicidios, resultando 15 personas defensoras ambientales asesinadas y un intento de homicidio[2]. Ante este contexto, el jueves 5 de noviembre de 2020, el Senado de la República sometió a discusión y votación el dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, el cual contiene el proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, adoptado en Escazú Costa Rica, el 4 de marzo de 2018. Este Acuerdo propone una transformación de la gobernanza ambiental, poniendo en el centro los derechos humanos de las personas afectadas y estableciendo herramientas que puedan permitir la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación y la protección de personas que defienden su derecho a un medio ambiente sano el enfoque de derechos humanos. El Acuerdo fue firmado por México en septiembre del mismo año en el marco de la 73a Asamblea de las Naciones Unidas, posteriormente fue enviado a revisión a 17 dependencias del gobierno competentes en las distintas materias a que se refiere el Acuerdo, con el propósito de que el Ejecutivo Federal pudiera mandar al Senado el Acuerdo para su ratificación, evento sucedido en agosto de 2020. El miércoles 4 de noviembre fue discutido en Comisiones y un día después, enviado al Pleno para su discusión. La sesión se destacó por las distintas intervenciones por parte de las Senadoras y Senadores que hicieron referencia a las personas defensoras de los recursos naturales y el territorio que han sido asesinadas en el país. Ante el avance hacia la ratificación del Acuerdo de Escazú, solicitamos que el Ejecutivo Federal pueda publicar a la brevedad en el Diario Oficial de la Federación, el dictamen del Senado de la República y completar el proceso de ratificación a nivel nacional. Asimismo, esperamos que el Ejecutivo Federal pueda depositar ante la Secretaría de Naciones Unidas la ratificación del Acuerdo de Escazú por parte de México, volviéndose el 11avo país a ratificar el Acuerdo y, de esta manera, que pueda entrar en vigor. En ese marco, esperamos que este avance del Estado mexicano sea una ocasión para mostrar la voluntad de cumplir con los derechos humanos ambientales, asignando los recursos necesarios, modificando la normativa y la práctica en materia ambiental, protegiendo de manera preventiva a las personas defensoras ambientales frente a las agresiones que viven, no violando derechos humanos en el diseño e implementación de los proyectos de desarrollo, garantizando plenamente el ejercicio de los derechos de acceso a la información, participación y justicia en temas ambientales. |
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